Los trabajadores panameños agrupados en la CGTP, y en otros colectivos, hemos planteado un subsidio de B/500.00 para las y los trabajadores afectados por la pandemia. Compartimos en este espacio el análisis elaborado por el colectivo Poder Ciudadano, organismo integrado por sindicatos, asociaciones y organizaciones de diversas índoles.
La gravísima crisis del mundo del trabajo
La pandemia ha venido a profundizar la grave crisis en la que ya se encontraba el mundo del trabajo. La respuesta gubernamental, tanto en el aspecto de la lucha sanitaria como en lo referente a la ayuda económica a la población, está transformando lo grave en catastrófico.
Ello no responde a políticas que podamos considerar como “erróneas”. Por el contrario, se trata de la aplicación consciente de políticas públicas que responden a la naturaleza neoliberal del modelo económico que vienen aplicando los Gobiernos posteriores a la invasión. Se trata de un modelo que privilegia lo privado respecto de lo público.
Desempleo y precariedad previo a la pandemia
En agosto de 2019 la población económicamente activa (PEA) era de 2 066 753, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). De ellos, entre desempleados, trabajadores informales y subocupados agrícolas, se totalizaban 951 385 trabajadores precarios (46.0 % de la PEA); es decir, casi la mitad de nuestra fuerza laboral se encontraba en incertidumbre, inseguridad y falta de condiciones económicas mínimas para una supervivencia digna. Ello es el resultado de la flexibilización laboral y del modelo económico neoliberal.
Según cálculos del profesor Juan Jované, realizados con base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC ) y la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en 2016 los salarios estaban un 47.9 % por debajo de la productividad del trabajo. Dicho de otra forma, al trabajador panameño se le desconocía un 47.9 % del salario que le correspondería respecto al incremento de su productividad.
En estas deplorables condiciones se encontraban los trabajadores antes de la aparición de la pandemia, que nos encontró con un sistema de salud parcialmente desmantelado, sin medicina preventiva ni suficientes instalaciones de atención primaria, falto de personal sanitario de todos los niveles y carencia sistemática de medicamentos. Al igual que con el sistema educativo, esto ha sido el resultado de décadas de abandono de la inversión pública en dichos sectores, en favor de la corrupción, el clientelismo y la priorización de la inversión gubernamental en beneficio principalmente de minorías económicamente poderosas.
El grave impacto de la pandemia en las y los trabajadores
Si en el año 2019 teníamos un desempleo de 146 111 trabajadores, en la actualidad esa cifra ha llegado a 413 351; es decir, tenemos un incremento de 267 240 trabajadores desempleados, según cifras oficiales. Un 33.8 % de contratos ha sido suspendido y reportado.
La respuesta del Gobierno ha sido la de otorgar un subsidio de 100.00 balboas mensuales, cuando la canasta básica alimenticia (sin tanque de gas para cocinar ni artículos de aseo, entre otros) calculada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es de 306.00 balboas, es decir que se entrega un 32.7 % de lo mínimamente necesario.
En esta situación, la política gubernamental de subsidios ha incrementado de forma alarmante los niveles de empobrecimiento, deteriorado físicamente la fuerza de trabajo, afectado severamente las condiciones de la educación y fomentado la transmisión incontrolada del virus. Al no acompañar con medidas inmediatas y efectivas de alivio económico para los hogares en condiciones de pobreza, la estricta cuarentena no fue práctica, y en última instancia ha favorecido la propagación de la infección.
Al carecer de los medios financieros mínimamente necesarios, los trabajadores se vieron obligados a ignorar la regla de quedarse en casa. El irresponsable otorgamiento de más de 900 000 salvoconductos entregados por el Gobierno para “trabajos esenciales” contribuyó igualmente a la ruptura de las medidas de aislamiento.
Para proteger a la población de los profundos impactos socioeconómicos de la crisis, la Cepal ha propuesto a los Gobiernos de la región que garanticen transferencias monetarias para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo. Este ingreso básico de emergencia propuesto consiste en una transferencia monetaria equivalente a la línea de pobreza (143 dólares a precios de 2010) durante seis meses para toda la población en situación de pobreza en 2020.
En el caso de Panamá, si el Gobierno entregara 143.00 balboas a 1.5 millones de personas, lo que equivaldría a 500.50 por familia durante seis meses, estaría desembolsando 1287.0 millones de balboas, que serían el equivalente al 1.9 % de nuestro producto interno bruto (PIB) de 2019, o el 26.9 % de los 4792.3 millones solicitados en préstamos. Como puede apreciarse, el Gobierno panameño le ha dado la espalda a la mayoría de la población más necesitada, lo que ha generado una situación sanitaria de momento incontrolable, una crisis social de consecuencias impredecibles y la prolongación de la crisis económica por su negativa a poner dinero en el bolsillo de los ciudadanos para así incrementar el consumo.
Nota: El texto del artículo anterior es autoría del colectivo Poder Ciudadano, que nos ha autorizado su publicación.
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