Pronunciamiento de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP) sobre los resultados de la Mesa Tripartita



Pronunciamiento de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP)

Compañeras y compañeros: 
La Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP) expresa a la comunidad nacional su posición ante los resultados de la Mesa Tripartita por la Economía y el Desarrollo Laboral. Conscientes de la situación de miles de panameñas y panameños, se requería que nuestras demandas fuesen escuchadas y hubiese respuestas a estas necesidades fundamentales para las familias panameñas. 

Sabíamos que dos meses para un diálogo como este no serían suficientes, además de las limitadas condiciones en que nos encontramos con medidas de distanciamiento que nos impiden reunirnos físicamente y tener una participación más efectiva para el logro de los objetivos. Uno de ellos, fundamental entre las demandas que presentamos, era la no reforma al Código de Trabajo, que había sido planteada por el sector empresarial en diversos medios de comunicación. Durante los dos meses dedicados, cada una de las comisiones plantearon sus demandas correspondientes.

 Éramos conscientes de que en un diálogo tripartito como este, nuestras demandas requerían no sólo nuestra participación en la mesa con argumentos técnicos y políticos, sino además un respaldo de movilizaciones y de presión; sin embargo, las condiciones existentes nos limitaban y además exigían un nivel de cuidado para evitar el contagio de COVID-19. Desde el primer día sustentamos, junto a nuestro equipo de especialistas, 7 propuestas centrales por la defensa de los derechos y el bienestar de los y las trabajadoras, las cuales fueron: 

  1. Evitar la reforma del Código de Trabajo.
  2. Decretar un subsidio de 500 balboas para cada trabajador/a con contrato suspendido, jornadas rebajadas, trabajadoras del hogar, recicladores y trabajadores/as informales. 
  3. Una ley de regulación de los precios de la canasta básica de alimentos y del precio de los medicamentos.
  4. Establecer un programa de obras públicas impulsado por el Estado, garantizando trabajo para los miles de desempleados que hay en el país y reparando centros educativos, hospitales centros de salud, carreteras, acueductos, entre otros.
  5. Que se estableciera una ley retributiva: quien más gana, más impuestos paga. 
  6. Fomento a la micro y pequeña empresa facilitándoles prestamos sin intereses o préstamos con bajos intereses con la condición de no despedir a las y los trabajadores. Que, así como se ha dado apoyo económico a la banca, se diera apoyo a la microempresa para garantizar los empleos. 
  7. Protección a la capacidad financiera de las y los trabajadores, a nivel de los préstamos hipotecarios, personales y comerciales, tarjetas de créditos, otorgados por instituciones bancarias, cooperativas de carácter privado y pública. 

Tras 2 meses de reuniones, se logró evitar la reforma del Código de Trabajo, pero el resto de los puntos fueron objetados uno a uno por quienes representan a la empresa privada, y como hemos constatado con el discurso del primer año del presidente Laurentino Cortizo, dichos puntos no eran parte de la agenda del actual gobierno. A pesar de ello, se lograron algunos acuerdos, de los cuales es importante mencionar los siguientes:

  1. Reglamentación de la Ley 126 del Teletrabajo en un período no menor a 30 días y no mayor a 45 días. 
  2. Se amplía la Ley 59 que entrega un vale a las y los trabajadores, de modo que sea de hasta el 75% del salario del trabajador.
  3. Acuerdo de perfeccionamiento del sistema de registros de empresas en suspensión y de sus trabajadores, con el fin de que reciban el vale digital como parte del plan “Panamá Solidario”.
  4. Modificación temporal de la jornada laboral con procedimiento según el artículo 159 del Código de Trabajo. En este punto aclaramos que, tras la intransigencia del sector empresarial y la tibieza del sector gubernamental, nuestra posición era defender el empleo aunque fuese mediante jornadas parciales, ya que los empresarios no renunciaron nunca a la idea de reducir la fuerza de trabajo, en especial la sindicalizada. En cuanto a la temporalidad, logramos que en ningún caso la reducción de la jornada laboral pase del 31 de diciembre de 2020 y que, cuando no exista sindicato, la reducción sea acordada entre los trabajadores/as y la empresa, no un acto arbitrario del empleador. 
  5. La reducción temporal de la jornada laboral no afectará la tasa por hora pactada en el contrato de trabajo vigente. El impacto de la reducción de la jornada en los salarios será aplicable a los descuentos legales de obligaciones de los trabajadores, para lo cual se ajustarán proporcionalmente los descuentos correspondientes, teniendo en cuenta los límites legales establecidos en el artículo 161 del Código de Trabajo.
  6. 6. Para el cálculo de las prestaciones laborales e indemnizaciones establecidas en los artículos 224-225 del Código de Trabajo, se considerarán los salarios percibidos antes de que fuese declarada la emergencia nacional. 
  7. 7. Asegurar la temporalidad del acuerdo sobre la modificación de la jornada, de modo que tenga una fecha de inicio y una de terminación que no sobrepase el 31 de diciembre de 2020.
  8. Retorno al puesto de trabajo y no discriminación. En ningún caso podría utilizarse la modificación de jornadas con fines discriminativos o como represalia en perjuicio de los trabajadores o sindicalizados. En todo caso, la empresa cumplirá con los protocolos de retorno a la normalidad laboral dictado por el Ministerio de Salud.
  9. Durante la vigencia del acuerdo, las empresas podrán hacer contrataciones siempre que las mismas se refieran a posiciones nuevas y para las cuales no se cuente con personal antes de suscrito el acuerdo. Estas decisiones deberán ser informadas al sindicato o a los trabajadores donde aquel no existiere.
  10. El acuerdo de reducción de jornada que las partes suscriban respetará la equidad para todos los trabajadores para evitar selectividad, preferencia o discriminación de cualquier índole.
  11. En la mesa de Retorno Gradual se establecieron 13 acuerdos de medidas que deben tomar las empresas para garantizar la salud de las y los trabajadores. Estas medidas parten de la conformación del Comité de Salud y Seguridad.

En total fueron 23 acuerdos establecidos para paliar la crisis del COVID-19. Estamos en una situación sin precedentes provocada por la pandemia por el covid-19 y frente a una administración de gobierno plegada a los intereses de los grandes capitalistas, específicamente al sector financiero y de bancos. La lucha por una vida digna para los y las trabajadoras de Panamá apenas comienza. 

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